IMPULSO/ Ana Elena Fierro
Hacia un sistema de obligaciones funcional
En mayo de 2015 se reformó la Constitución mexicana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción; los artículos transitorios ordenan que en un año deberán estar emitidas las leyes secundarias.
Diversos expertos han señalado la necesidad de cambiar más de 20 leyes que van desde el servicio civil de carrera hasta las nuevas facultades de la Auditoria Superior de la Federación. A esta empresa nada fácil falta agregar los cambios en las rutinas burocráticas de nuestras instituciones.
Una de las reformas más importantes es al sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Se trata de una legislación que hasta ahora confunde ilícitos con obligaciones y que muchas veces no deja claro si se trata de una evaluación al órgano del Estado o una sanción a cierto servidor público.
Ello provoca que el servidor sancionado deba ser amparado por faltas al debido proceso, dejando una sensación de impunidad. Lo que tenemos hasta ahora son meras cacerías de brujas o chivos expiatorios que ocasionalmente sanciona a servidores de niveles medios y bajos, mientras que los espacios de discrecionalidad y la vaga regulación del sistema de responsabilidades que da pie a la corrupción permanecen intocados.
¿Cómo pasar de la mera cacería de brujas a acabar con la brujería?, es decir, a contar con un sistema de responsabilidades eficaz. Un sistema de responsabilidades deseable permitiría a la sociedad tener una actitud crítica ante la conducta de sus servidores públicos y confiar en ellos por estimar que actúan de forma responsable, pues buscaría promover las conductas virtuosas de los servidores públicos para que actuaran de manera proba y honesta.
Por tanto, se estaría perfilando un sistema que califica la responsabilidad subjetiva de individuos que ocupan cargos públicos, que sanciona cuando se alejan de las virtudes consideradas necesarias para el desempeño de estos cargos y que corrige las fallas institucionales que propician estas conductas.
Como toda aplicación del Derecho que afecta a un individuo, el sistema de responsabilidades debe cumplir con el debido proceso y las garantías de cualquier aplicación coactiva. Por ello, dar certeza al servidor público estableciendo qué conductas son consideradas como delitos o ilícitos además de garantizar buenos procesos de investigación se vuelve prioritario. Paralelamente, es indispensable que el sistema conceda garantías a quienes denuncian hechos de corrupción, por ejemplo, a través de la protección de informantes. De esta forma, también los ciudadanos tendremos la certeza de que los actos de corrupción serán denunciados y eficazmente combatidos.
Lograr estos cambios implica abatir muchas resistencias, parte de los retos fueron esbozados el pasado martes en el seminario “Responsabilidad pública y rendición de cuentas”, convocado por la Red por la Rendición de Cuentas. De otras experiencias mucho podemos aprender sobre cómo generar el sistema de responsabilidades que requerimos. De entrada, la participación conjunta de Gobierno, sociedad civil y academia en el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción será el inicio de la batalla contra la “brujería”.
