IMPULSO/ Hugo Alejandro Concha
La única reconstrucción
social posible, la de todos
El Gobierno ha sido un fantasma en el desastre, sin embargo, cuenta con la oportunidad y con los medios para ayudar y recuperar material y socialmente a la ciudad.
La vida en México no volverá a ser la misma, todos somos afectados, los más vulnerables, los arrendatarios, los propietarios, los empresarios y las numerosas instituciones, que evidentemente fallaron en promover una inversión suficiente y segura, así como su regulación y supervisión.
Empezaron los anuncios sobre la reconstrucción, pero con claras muestras de repetir lo que originó el desastre, la violencia inmobiliaria. Una violencia generada a partir de políticas que lucraron con la desigualdad, que fomentaron grandes ganancias a costa de los esfuerzos de años impulsados por los habitantes en sus barrios y colonias.
Frente al desastre, hoy plantean soluciones en forma de inversiones en supuestas condiciones favorables. O donaciones que en realidad no son tales, pues dan siempre y cuando la sociedad done primero, o bien, porque menoscaban los impuestos de todos. La solución liberal de intercambiar dinero por propiedades como fórmula de negocios sólo generará más desigualdad. No es momento de ofrecer las mismas herramientas y soluciones, pues estamos en situaciones muy distintas.
Un replanteamiento de ciudad exige un cambio de visión, no más ventajas a las grandes inmobiliarias que, en una situación como ésta, simplemente potencializarán sus ventajas frente a los miles de afectados y desposeídos. El Gobierno no ha entendido, y al no entender ha perdido toda credibilidad. Como aliado de los grandes intereses inmobiliarios, se desdibuja frente a la sociedad.
La estrategia debe estar enfocada en apoyar a quienes lo requieren y, de manera preponderante, a los más perjudicados, a los que perdieron todo, allí se requiere la intervención gubernamental clara y contundente.
La salida está en nuestro texto constitucional, allí se combinó desde 1917 la valentía y la imaginación para establecer mecanismos a favor de los más necesitados y de esa manera aliviar la lacerante desigualdad. Fórmulas olvidadas que, aunque no les gusten a muchos, siguen siendo letra vigente de nuestra norma suprema. Allí están la propiedad social, el derecho a la vivienda y la expropiación como instrumento para equilibrar a la sociedad cuando existen causas de utilidad pública.
La reconstrucción y la igualdad no sólo son causas de evidente utilidad pública, son causas de emergencia nacional, esto significa proteger el ejercicio del derecho a la vivienda. Con créditos, el problema no sólo no se resolverá, sino que empeorará la situación, pues ahora, además de desposeído, se pretende que se conviertan en acreedores de fondos de contingencia o créditos hipotecarios.
Una nueva política de reconstrucción social implica organizar a los colectivos que han sufrido la pérdida de sus inmuebles. Donde esas pérdidas han sido totales, el Gobierno debe expropiar los predios con el pago de las indemnizaciones justas correspondientes y construir con los fondos de contingencia viviendas dignas con la intervención del Infonavit y del FOVISSSTE.
