IMPULSO/ Mario Hernández
Toluca
A finales de julio de 2015, se logró en el Estado de México algo histórico: la Secretaría de Gobernación emitió una Alerta por Violencia de Género (AVG) en 11 de los municipios mexiquenses, éste fue el primer estado en entrar en el listado.
Dos años después, 12 de las 32 entidades que componen México han decretado la misma alerta. En 106 de los dos mil 454 municipios del país es un peligro ser mujer.
Este mecanismo se considera una acción de emergencia y contempla desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención y reformas para eliminar la desigualdad en la legislación, ello de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Para el Gobierno, la Alerta de Género es un mecanismo de emergencia, sin embargo, no considera que los factores de impunidad, corrupción y, actualmente, los altos niveles de delincuencia agudizan el problema de género”, dice María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Tan sólo en el Estado de México, esta alerta tardó más de cuatro años en decretarse. En 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la declaratoria de Alerta de Género debido al alto número de casos de homicidios con características feminicidas en el estado, pero el Sistema Nacional de Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres determinó la improcedencia de la petición. Fue hasta 2014 que validó la solicitud y en 2015 se informó la declaratoria de alerta.
“El norte de México presenta una situación problemática, pero la zona centro también es un polvorín de violencia. Estado de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán presentan altos índices de feminicidios”, señala Estrada.
Un mes después de que se lanzara esta primera alerta, el 10 de agosto de 2015, Morelos se unió a la lista. Diversas organizaciones exigieron el establecimiento de una AVG ante el incumplimiento de 15 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Además, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentó del 2000 al 2013 más de 500 casos de feminicidio en la entidad. Cifra que subió hasta 633 casos para el 15 de febrero del 2015.
En 2016, este mecanismo parecía que iba a llegar a todo México, en Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz se activaron alertas de género, todas derivadas de la solicitud de diversas organizaciones sociales.
“Con el nuevo reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado permanece en el proceso mientras que las peticionarias quedan al margen, de manera que las organizaciones interesadas en la problemática quedan limitadas en sus acciones”, aclara la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
A las entidades de Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit las alertas llegaron hasta 2017. Actualmente, hay siete procedimientos en trámite: Campeche, Durango, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Mientras, en Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Cajeme-Sonora, Tabasco y Tlaxcala, se ha declarado que la alerta es improcedente, es decir, que no se tienen los elementos suficientes que logren evidenciar un problema de género.
“Al mecanismo de Alerta de Género se le pide muchísimo, pero podría hacer mucho más si hicieran mejores informes y se focalizara el problema para garantizar los resultados”, subraya María de la Luz Estrada.
