IMPULSO/
Miguel Carbonell
El pasado viernes dio inicio, formalmente el proceso electoral 2017-2018, desde ese momento y hasta bien entrado el próximo año, asistiremos a un espectáculo circense en el que abundará la basura entre los contendientes y en el que se prodigarán (porque en eso son expertos) las malas artes entre candidatos y partidos políticos. El país estará en vilo esperando el resultado de la jornada electoral que se llevará a cabo el domingo primero de julio a partir de las ocho de la mañana.
Lo que está en juego no es poco: la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), la Jefatura de Gobierno de la CDMX y casi 2,800 cargos representativos en las entidades federativas. En total, estarán en juego 3,416 cargos públicos, lo que supone otras tantas oportunidades para una buena cantidad de vividores que buscan entrar o perpetuarse en las nóminas gubernamentales, siempre tan generosas para quienes aportan más bien poco al desarrollo del país.
Para este proceso electoral el INE destinará a los partidos políticos con registro nacional la abrumadora cantidad de 6,800 millones de pesos, lo cual en cualquier país democrático debería generar un clamor de rechazo que impidiera a nuestros políticos conciliar el sueño o salir a la calle con tranquilidad. Pero en México ya nos hemos acostumbrado a que los políticos nos roben con descaro, de modo que cuando la noticia de tan alto financiamiento fue dada a conocer por la autoridad electoral las protestas duraron un par de días y no pasaron del ámbito siempre ruidoso de las redes sociales. Ése es el nivel del desengaño cívico (o de resignación) que vive el país.
A las urnas estarán convocados casi 88 millones de ciudadanos, que son los que integran el Padrón Electoral. De su participación e inteligencia dependerán los resultados, tanto los del día de la jornada electoral como los que le esperan al país en los próximos años o décadas.
Aunque, como suele suceder, la atención fundamental se centrará en la disputa por la Presidencia de la República, no debemos olvidar que hay otros espacios de competencia en los que tenemos que tomar importantes decisiones.
Por ejemplo, hay que estar alertas respecto de la elección de legisladores, ya que por primera vez entrará en funcionamiento la reforma que permite que quienes ganen en 2018 puedan ser reelectos en los siguientes procesos electorales. Así, quienes sean electos como senadores podrán reelegirse para un segundo periodo, acumulando con ello 12 años en las cómodas curules de Paseo de la Reforma. El mismo periodo que podrán alcanzar los diputados federales (acumulando una elección y 3 reelecciones en periodos de 3 años cada uno). No deberíamos dejar que lleguen los peores a ocupar cargos tan importantes. Algo deberíamos haber aprendido de las legislaturas recientes, plagadas de incompetentes y mafiosos políticos de ínfimo nivel intelectual (con sus debidas, pero siempre reducidas, excepciones).
También va a ser muy relevante la elección en la Jefatura de la Ciudad de México. Desde 1997 ha gobernado en la capital de la República el mismo partido. Hasta ahora no había tenido un rival digno de tal nombre, pero en 2018 la persona que sea candidata por el PRD deberá enfrentarse a Morena, que ya ha demostrado el gran arrastre popular con que cuenta entre los capitalinos. Va a ser un choque de trenes al que hay que observar con mucha atención.
La tarea principal de los ciudadanos, además de la muy obvia de acudir a las urnas, será la de exigir a los candidatos que definan sus puntos de vista sobre los temas fundamentales del país: inseguridad pública, educación de calidad, salud para todos, crecimiento económico y combate a la corrupción. No debemos conformarnos con que salgan sonrientes en las fotos o que nos saturen día y noche con sus nefastos spots.
Comentario destacado
Lo que está en juego no es poco: la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), la Jefatura de Gobierno de la CDMX y casi 2,800 cargos representativos en las entidades federativas.
