IMPULSO/
Carlos Avilés Allende
Un juez que nunca ha resultado incómodo para los poderes establecidos o fácticos debe replantearse lo que hace.
Porque todo juez que ampara a quien ha sufrido abusos de autoridades, sean del Ejecutivo o Legislativo, locales o federales, por supuesto que va a resultar incómodo para el poder, y no una, sino muchas, pero muchas veces, tantas como las descalificaciones que quizá de ellos reciba.
Porque ésa es la función del juez de amparo, una función tan vigente como Mariano Otero a doscientos años de su nacimiento. Tan vigente como la visión que tuvo Otero, este gran personaje mexicano, al crear ese juicio de amparo (que a veces suena tan lejano por lo especializado o por estar vinculado a casos o personajes polémicos) para evitar o reparar abusos cometidos desde el poder.
Porque si eres jurista, diputado, senador, gobernador, quizá conozcas o hayas oído hablar de Otero. De ese jalisciense, a quien junto con Crescencio Rejón (para unos, yucateco y para otros, campechano) se les atribuye ser los creadores del juicio de amparo. De ese juicio del que actualmente se tramitan en todo el país, cada año, más de un millón de asuntos, conforme lo ha reportado el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.
Pero si eres un mortal estándar, de a pie, quizá no hayas escuchado hablar de ese mexicano que nació el 4 de febrero de 1817, que a los 18 años se graduó como abogado, que fue litigante, académico, político, diplomático, legislador, juez, y que ubicó a los jueces federales como los encargados de amparar a los ciudadanos ante los abusos del poder.
Así de grande fue la responsabilidad que les dejó Otero a los jueces. Así de grande la responsabilidad que tienen de decidir si amparan a alguien o no. Ni más ni menos.
Una responsabilidad que definió muy bien el 5 de abril de 1847, en su muy famoso (para los juristas, historiadores, no para los de a pie) voto particular al Congreso Constituyente en el que sentó las bases del juicio de amparo, en el que estableció: “No he vacilado en proponer al Congreso que eleve a grande altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión”.
Por esa “grande altura” a la que Otero elevó al Poder Judicial, los jueces no pueden ser cómodos.
O como bien diría el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, en reiteradas ocasiones, “un juez que no es independiente no es juez, podrá ser el mandadero de alguien, un escribano en el mejor de los casos, pero nunca un juez. Porque nadie, ni dentro ni fuera del Poder Judicial, debe influir en las decisiones de los impartidores de justicia, quienes debemos tomar como único referente a la Constitución y defender los derechos que en ella se reconocen”.
Porque los juzgadores federales no deben tener mayor inspiración que el bienestar de los ciudadanos, quienes deben tener claro que sus jueces siempre deben estar del lado de la legalidad, nunca de aquellos que por el mero hecho de asumirse en algún grado de poder crean tener la razón.
Pensamientos del Ministro Presidente muy a tono con el legado que nos dejó Mariano Otero y que es necesario recuperar, recordar y tener muy presente en este año que se cumplen dos siglos del nacimiento del ilustre jalisciense. Y en el que se le continúa homenajeando.
Porque como diría Otero “… la amplitud y respetabilidad del poder judicial es el más seguro signo de la libertad de un pueblo”.
