IMPULSO/ Roberto Rock L.
Fiscalía General: ¿volver a empezar?
COMENTARIO DESTACADO
Reiterados informes dan cuenta hoy que la PGR se halla lastrada por su falta de autonomía e independencia; por ineficacia operativa ante la impunidad dominante, y por una corrupción interna cada vez más grave. El deterioro se ha ahondado sin importar si en Los Pinos ha despachado un priísta o un panista
Extraviados durante más de tres años —en total 43 meses— en un laberinto tachonado de debates sordos e intereses cruzados, la administración Peña Nieto, el PRI y el Senado parecen haber llegado a la conclusión de que una reforma clave para la transformación de la justicia en México, la nueva Fiscalía General, debe ser echada a la basura.
En este trance se halla inscrito también el grupo disidente del PAN, que encabeza Ernesto Cordero, nuevo presidente cameral, cuyos integrantes laboran ya en la ruta de desandar lo andado.
Se trata de una faceta más de la descomposición que acumula la PGR casi desde que fue establecida como apéndice del Poder Ejecutivo, a inicios del siglo pasado. Los caprichos presidenciales sobre la dependencia se manifiestan en que en los últimos 100 años, cada titular del Ministerio Público Federal duró en promedio dos años y medio en el cargo. En todo ese periodo hubo sólo cuatro casos que se mantuvieron en el puesto por el lapso para el que fueron designados. La llegada de la modernidad agravó el problema: desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, hace 30 años, los procuradores generales han sido removidos en promedio cada dos años. En casi cinco años, la actual administración ya lleva tres titulares, y podría sumar al menos uno más.
Reiterados informes, tanto internos como externos, dan cuenta hoy que la PGR se halla lastrada por su falta de autonomía e independencia; por ineficacia operativa ante la impunidad dominante, y por una corrupción interna cada vez más grave. El deterioro se ha ahondado sin importar si en Los Pinos ha despachado un priísta o un panista.
Con este diagnóstico desastroso como telón de fondo, el oficialismo ha empezado a tomar distancia del juego de malabarista que intentó el coordinador senatorial del PRI, Emilio Gamboa, quien alegaba que su partido y sus aliados lograrían que Raúl Cervantes, actual procurador, pueda ser designado primer fiscal general. Tal algarada no sirvió más que para exacerbar la discusión pública del tema, ya caricaturizado con el mote de #fiscalcarnal.
Los posicionamientos de Gamboa Patrón y la crisis intestina surgida en el PAN cuando su dirigente, Ricardo Anaya, utilizó a la Fiscalía General como cortina de humo para no explicar el origen de su patrimonio, sirvieron sólo para radicalizar posturas que exhiben sectores de la sociedad civil.
Esta semana dos colectivos hicieron llegar al Senado un anteproyecto de nueva reforma al artículo 120 constitucional, que detalla el diseño de la Fiscalía General. En esa propuesta conviven, no sin apuros, dos visiones: la académica, que nutre un grupo de académicos y empresarios (#Vamospormás), y la de #Fiscaliaquesirva, dominada por grupos de activistas sociales.
Pero la irritación está justificada. La Cámara de Diputados aprobó en 2014 la reforma del caso, con el voto mayoritario del PAN, bajo la directriz del citado señor Anaya, actual presidente de ese partido y en aquel entonces diputado federal y dirigente interino del propio blanquiazul.
Anaya proclamó aquella vez un gran avance por la transformación de la PGR a una Fiscalía presuntamente autónoma. Lo que no reveló fue que su partido había avalado, entre múltiples aspectos espinosos, sembrar en la Carta Magna dos manzanas venenosas, un doble “pase automático”: Que el primer fiscal general sería el procurador que estuviera en funciones cuando se aprobara la legislación reglamentaria. Y que todo el personal de la Procuraduría sería migrado a la Fiscalía. Ello equivale a implantar tejido putrefacto en el organismo de un recién nacido.
El apoyo del PAN para legislar a la medida del PRI alcanzó todavía para generar una iniciativa de ley reglamentaria que deja todo ánimo normativo a la discrecionalidad del nuevo fiscal, dejando sin cubrir aspectos centrales para garantizar la pretendida autonomía.
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