IMPULSO/Ángel Díaz del Río
Toluca
Sólo el 19.8 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 logró contactarse con un abogado en su presentación ante el MP y sólo 67.6 por ciento fue informada sobre el delito que le imputaban. El 24.3 por ciento recibió amenazas o presiones para declararse culpable y 45.7 fue declarado culpable por haber reconocido los hechos.
Para generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que realiza por vez primera.
Para el levantamiento de la ENPOL, se visitaron 338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país. El marco muestral fue de 211 mil personas, de ellas, 5% fueron mujeres. La Encuesta consideró una muestra total de 64,150 personas privadas de la libertad.
A partir de la ENPOL, se estima a nivel nacional que, durante 2016, se registró una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes, de la población privada de la libertad, 68.1 por ciento tenía entre 18 y 39 años, 94.1 por ciento sabía leer y escribir y 72.1 tenía estudios de educación básica.
Al ser presentada ante el Ministerio Público, 67.6 por ciento fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban, sólo 19.8 por ciento pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado y hasta 24.3 por ciento de esta población recibió amenazas o presiones para declararse culpable.
De la población sentenciada, 84.6% fue recluida por delitos del fuero común, mientras que 17.7 por delitos del fuero federal. El 39.3 por ciento fue condenada por el delito de robo.
La ENPOL estimó que 29.6 por ciento de la población privada de la libertad se encontraba en proceso de recibir sentencia, de este grupo, 68.9 por ciento está recluida por delitos del fuero común, mientras que 34% por delitos del fuero federal. El 27.6% está acusada por el delito de robo.
De esta población, 43.4 por ciento lleva dos años o más al interior de un Centro Penitenciario y 25.7 ha estado recluido entre uno y dos años.
De la población privada de la libertad, 31.9 por ciento se sintió insegura en el Centro Penitenciario donde está internada y 19.1 por ciento al interior de su celda.
Durante su estancia en el Centro Penitenciario, 33.2 por ciento ha sido víctima de una conducta ilegal, la mayor proporción (89.2 por ciento), de robo de objetos personales, mientras que cinco por ciento fue víctima de algún delito sexual.
La ENPOL 2016 proporciona información sobre las experiencias de corrupción que pudo sufrir la población privada de la libertad con autoridades y servidores públicos durante su arresto, su procedimiento penal y su estancia en el Centro Penitenciario.
Esta encuesta complementa la información generada por los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, realizados también por el INEGI, así como la Información Estadística Penitenciaria Nacional.
El diseño estadístico de la ENPOL permite contar con representatividad a nivel nacional, por entidad federativa y, específicamente, para 37 centros penitenciarios de interés por su mayor poblacion.
Toda la información que deriva de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 está disponible en la página de internet del instituto.
