IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Del año 2014 al 2016, se cometieron en México 5 mil 824 delitos contra migrantes, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila, de los que el 99% han quedado en la impunidad.
Un informe presentado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras organizaciones refiere que México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, sin embargo no ha desarrollado con la misma prioridad los mecanismos para investigar delitos contra ellos.
Indica que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) les hace falta voluntad para hacer funcionar el Mecanismo de Apoyo Exterior de manera adecuada.
En el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes en México: Un derecho que existe sólo en el papel”, señala que no existen procedimientos adecuados para poder denunciar delitos y violaciones a los derechos humanos en las estaciones migratorias en México.
Entre algunas recomendaciones que se hacen en el informe para poner en el centro de las políticas públicas los derechos de los migrantes está facilitar la denuncia y tener una cercanía con las fiscalías.
Que existan fiscalías móviles, incrementar la cooperación regional y que la PGR establezca un procedimiento transparente y accesible en las investigaciones para las familias de los migrantes.
