IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
El Ejecutivo federal debe considerar enviar como “iniciativa preferente” la propuesta de Ley General de Mejora Regulatoria, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Ello para terminar con trámites, retrasos y amenazas que promueven prácticas de corrupción y extorsión.
Expuso que como la reforma constitucional en materia de reforma regulatoria se publicó el 5 de febrero pasado, están por concluirse los 180 días para tener lista la legislación, por lo que solicitó al gobierno y a autoridades estatales poner manos a la obra para cumplir con los tiempos.
Además, solicitó a los gobernadores firmar un acuerdo de desregulación como el que ya se implementó a nivel federal, la 2X1, en el que por cada regulación que se emite desaparecen dos, lo que generará ahorros en tiempo, dinero y desactivará normas cuyos costos sean mayores que los beneficios.
De Hoyos advirtió que esos ajustes no requieren cambiar la ley o llevarla a un proceso legislativo. Actualmente, expuso, la actividad productiva en el sector privado es presa de trámites complejos, engorrosos, retrasos injustificados, amenazas que promueven prácticas de corrupción y extorsión.
Se requiere, dijo, de visión y voluntad política para reducir la tramitología y generar bienestar, porque si bien se realizaron las modificaciones constitucionales en materia de mejora regulatoria, falta su legislación.
Con la “iniciativa preferente” de Ley General de Mejora Regulatoria, el Congreso de la Unión habría de atender con inmediatez la implementación de la reforma constitucional.
Gustavo de Hoyos explicó que esa ley necesita contener cuando menos seis aspectos: un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios; un observatorio ciudadano de mejora regulatoria; un mecanismo de atención eficaz y expedito a las quejas de la ciudadanía; un padrón nacional de verificadores; homologar criterios de verificación; pedir un informe previo de regulaciones a modificar y crear un expediente único de todo el país para la realización de trámites.
De lo que se trata, añadió, es evitar que se mantengan los “trámites complejos y engorrosos, advertencias de retrasos injustificados y sugerencias implícitas de no emitir las autorizaciones para la apertura de negocios; es decir, se enfrentan amenazas de ser objeto de prácticas de corrupción y extorsión”.
El Inegi, en su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas, expuso que 50.9% afirma que la carga administrativa de trámites es igual de pesada y compleja que en 2016. Además, siete de cada 10 consideran que los actos de corrupción se relacionan con un trámite gubernamental.
Y, si se toma en cuenta tanto el resultado del Inegi como el estudio del Doing Business México 2016, hay una correlación directa entre la baja calidad de la regulación y los altos niveles de corrupción.
Foto: Ilustrativa WEB
