IMPULSO/Agencia SUN
Zacatecas
Derivado de una recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) al gobierno estatal dirigida a tres dependencias, por considerar que éstas cometieron violaciones a los derechos humanos en un operativo en Salaverna, Mazapil, la Secretaría General del Gobierno rechazó tal resolución. Ahora se busca que la autoridad acuda a comparecer ante la Legislatura local por esta negativa.
La Recomendación 03/2017 se deriva del operativo que se realizó el pasado 23 de diciembre, para notificar sobre el riesgo que hay en ese lugar y que afirman se requiere de una reubicación del resto de las familias que se han negado abandonar la comunidad de Salaverna, ubicada en el municipio de Mazapil, quienes mantienen un litigio desde 2014 con un juicio de amparo para evitar que la empresa minera Tayahua desaloje a los pobladores.
En esa ocasión, las autoridades gubernamentales explicaron en un comunicado que el envío de elementos de Protección Civil, de la Policía Estatal Preventiva y policías ministeriales fue para visitar a las 16 viviendas, donde detectaron que sólo cinco estaban habitadas, a cuyos pobladores presumiblemente les informaron sobre la reubicación por el riesgo inminente de hundimientos debido a una falla geológica.
Sin embargo, organizaciones civiles de izquierda aseguraron que se trató de “un desalojo arbitrario” por parte de la fuerza pública, cuya acción derivó en una queja en los organismos de derechos humanos estatal y nacional.
Recomendación de la CDHEZ
Recientemente, María de la Luz Domínguez, presidenta de la CDHEZ, dio a conocer los resultados de la investigación sobre este caso dentro del expediente CDHEZ/746/2016 que derivó en una recomendación al gobierno estatal, dirigida a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
En esa recomendación se asegura que acreditó la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los habitantes de Salaverna, Mazapil, por presuntos actos atribuibles a Juan Antonio Caldera Alaniz, director de Protección Civil Estatal, Raquel Ortíz Sifuentes, coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, así como de elementos de Policía Estatal Preventiva y de Elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La CDHEZ precisa que dicho operativo tenía la finalidad de notificar la necesidad de evacuar las viviendas, señalando propias las autoridades, que ante el caso de negarse a evacuar las construcciones que habitaban, sería bajo la propia responsabilidad y riesgo de los pobladores.
Sin embargo –explica el documento- “en el mismo acto se ejecutaron bloqueos de acceso a la comunidad, la intromisión en las viviendas y la demolición de viviendas, la iglesia y la escuela de la comunidad, sin orden de autoridad judicial competente violentado el Estado de Derecho”.
En la recomendación se pide a la Secretaría General de Gobierno que se inscriba a los ciudadanos afectados en el Registro Estatal de Víctimas y que en un plazo máximo de un año, se le indemnice y se valore si los agraviados requieren atención psicológica.
Incluso, se señala que “la Dirección de Protección Civil del Estado excedió las facultades que le confiere la Ley para actuar en las situaciones de riesgo inminente; ya que no se determinó fehacientemente la existencia de un riesgo clasificado y no se realizaron los estudios técnico-científicos con apoyo de técnicas de prospección geofísica adecuadas”.
Postura gubernamental
Tras darse a conocer esta recomendación de la CDHEZ, el gobierno estatal informó en el comunicado 1067, que se ha aceptado la recomendación en los puntos relacionados con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Además de que la CDHEZ consideró que “los habitantes de Salaverna han sido objeto de desplazamiento forzado por las actividades económicas extractivas de recursos naturales, que han derivado en la necesidad de abandonar sus hogares, y modificar drásticamente sus circunstancias de vida, perdiendo sus afectos y arraigos, teniendo de esta manera grandes efectos psicológicos, políticos, culturales, sociales y económicos, por lo que es competencia y obligación del Estado prevenir y erradicar las causas del desplazamiento forzado”
Sin embargo, se puntualiza que no se aceptará lo relacionado con la Secretaría General de Gobierno, ya que “no se acredita plenamente la identidad de la quejosa, ni de las seis personas que considera agraviadas, y a quienes solicita se indemnice y se les integre en el registro de víctimas”.
Además de considerar que “es improcedente, toda vez que la Ley de Atención a Víctimas no considera el supuesto que contempla la recomendación, ya que no demuestra un interés jurídico del que pueda derivarse la afectación de otros derechos”.
Sobre las observaciones referentes al supuesto de desplazamiento forzado, la Secretaría General de Gobierno afirma que “en ningún momento el Gobierno del Estado forzó a los habitantes de Salaverna a abandonar el lugar en que residen, pues únicamente se les notificó del riesgo existente”.
También señaló que la CDHEZ pretende que se incluya en el programa de apoyos a las más de 70 familias que desde 2012 decidieron voluntariamente cambiar su lugar de residencia a Nuevo Salaverna, por ende, la autoridad estatal insiste que “es inatendible tal recomendación”.
Representante de pobladores
Por su parte, este lunes, en una conferencia de prensa, Efraín Arteaga, quien se ha presentado como asesor jurídico de los habitantes de Salaverna, acompañado por el diputado Luis Medina Lizalde (Morena), manifestó su inconformidad con la postura de la Secretaría General de Gobierno, tras considerar que sí hubo violaciones de derechos humanos a los pobladores.
Arteaga aseguró que los habitantes afectados piden a las autoridades federales que se cancele cualquier explotación minera en esa zona.
También solicitan al gobernador Alejandro Tello Cristerna, que reconsidere la postura emitida y atienda todas las recomendaciones emitidas por la CDHEZ, además de reclamar la destitución de la secretaría general de Gobierno, así como de los demás funcionarios involucrados en dicha recomendación.
Foto: Ilustrativa WEB
