IMPULSO/Roberto Rock L.
Sepultureros del nuevo sistema de justicia
En el arranque del verano, las sofocantes oficinas de un juzgado federal al centro de Sinaloa dieron cabida a la escena donde un hombretón —alto, fornido, brazos en jarra, tatuada casi toda la piel visible— fue presentado ante un juez, quien en apego al nuevo sistema penal, debe dar la cara a los imputados.
El juzgador escuchó a policías federales que detuvieron al sospechoso detallar la colección de armas que le decomisaron rifles AK-47, miles de balas, pistolas; y un elemento más perturbador: una ametralladora Browning .50, montada en una camioneta pick up, capaz de derribar a un helicóptero en vuelo —una fotografía obra en poder de este espacio. El fiscal dijo a su vez que el detenido era un presunto sicario de peligro extremo; que podría haber matado ya o estaría por hacerlo…, pero que en ese momento no podía probarlo.
Bajo la mirada penetrante del sospechoso, el juez decretó el decomiso del arsenal, pero dejó en libertad inmediata al acusado, pues, en la nueva legislación, el acopio de armas —aunque se trate de un arsenal que podría equipar a un pequeño ejército— no está considerado un delito de la gravedad que obliga a imponer prisión en automático.
Los allí presentes abrigaron la misma certeza: el juez se acobardó. La escena se está repitiendo en todo el país. En la oficina de Gilberto Higuera, subprocurador de Control Regional de PGR, existe una pantalla de televisión con un mapa en tiempo real, con la división estatal de México. El color rojo que regularmente domina toda la imagen significa que en la mayor parte del territorio nacional los juzgados están dejando en la calle a presuntos criminales, a los que les incautan sus armas sólo para que casi de inmediato reaparezcan con otras, más nuevas y más letales.
Son apenas síntomas de desquiciamiento que parece exhibir el nuevo sistema de justicia penal, producto de la reforma constitucional decretada en 2008, que dio ocho años de preparación y entró en vigencia en junio del 2016, justo hace un año.
Ya en julio de 2011, el ministro José Ramón Cossío alertó en estas páginas (http://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/53725.html) sobre el riesgo de una “tormenta (judicial) perfecta” si se descarrilaba un abultado proceso de nuevas leyes en este campo. Su pronóstico se cumplió puntalmente.
El propio Cossío es el ministro ponente de un proyecto de sentencia que otorgaría la razón a quienes reclaman que, a la luz del nuevo marco jurídico —que redujo el número de delitos que por su gravedad ameritan cárcel en automático—, muchos reos actualmente bajo prisión preventiva acusados por delitos ahora no graves, deberían ser puestos en libertad inmediata.
Las limitaciones técnicas o profesionales que exhiben los jueces despiertan ya reclamos de nuevas enmiendas para corregir omisiones evidentes. Pero también son el eje de una campaña que encubre la negligencia en múltiples espacios de gobierno en donde no se capacitó a fiscales y policías ni se formó a peritos, pero sí se gastaron enormes cantidades de dinero “para ajustarse al nuevo sistema”, pero sin resultado alguno a la vista.
Se estima que la implementación respectiva ha consumido ya cerca de 20 mil millones de pesos. Decenas de millones más han sido aportados por la agencia norteamericana USAID, que pagó cursos de capacitación a gobiernos locales, entidades académicas y casas universitarias, sin beneficios claros.
El comisionado del Sistema Nacional de Seguridad, Renato Sales, impulsa en el Congreso dos rutas: una enmienda constitucional, y ajustes específicos a la ley de armas de fuego y al Código Penal Federal para permitir a los jueces que impongan, de oficio, prisión preventiva a todo aquel que porte armas de alto calibre.
En otra línea, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, asegura que los jueces están echando a la calle a criminales y ha llamado a imponer leyes “que se ajusten a la realidad”.
Dato
El propósito de estos personajes es difundir la percepción de que el nuevo sistema de justicia penal es el responsable del aumento en el índice de criminalidad.
