IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
La difícil situación política y social de Venezuela se ha complicado todavía más en las últimas horas tras el presunto ataque desde un helicóptero contra la sede del Tribunal Superior de Justicia, ocurrido el martes en Caracas.
Este país sudamericano, que posee las mayores reservas petroleras del mundo, se encuentra sumergido desde abril pasado en una espiral de protestas y violencia que ha dejado, hasta el momento, 77 muertos –varios de ellos jóvenes estudiantes-, más de mil heridos y cientos de detenidos.
Si bien el país se encuentra dividido desde hace años entre los simpatizantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, la más reciente ola de manifestaciones contra las autoridades fue detonada por un fallo dictado el pasado 30 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante el cual asumía las funciones de la Asamblea Nacional (órgano legislativo de mayoría opositora).
Las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo llevaron a que el TSJ declarara en 2016 a la Asamblea en desacato, con lo que desconoce todas sus atribuciones y decisiones. Sin embargo, el fallo para asumir sus poderes fue interpretado por los legisladores como un golpe de estado, ya que implicaba la desaparición de uno de los tres poderes del país, y fue condenada por organismos y países a nivel internacional.
Aunque el tribunal se vio obligado a recular, el 4 de abril iniciaron las jornadas de protestas, manifestaciones y bloqueos en los que participan sectores de la oposición que incluyen estudiantes, legisladores, trabajadores del sistema de hospitales, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que reúne a partidos políticos de oposición, civiles y miembros de la comunidad intelectual y artística.
Las movilizaciones suelen terminar en fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden que impiden el paso de los manifestantes al centro de la ciudad con gases lacrimógenos y balas de goma; los manifestantes responden con bombas molotov y piedras. Varios de los muertos han sido por impacto de bala de los que se responsabiliza a grupos de “moteros” que se relacionan con grupos de choque del gobierno.
¿QUÉ PASÓ CON EL HELICÓPTERO?
En este contexto, el martes un inspector y piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, identificado como Óscar Pérez, encabezó un ataque desde un helicóptero contra el TSJ, lo que el presidente Maduro calificó como un “ataque terrorista armado” y un “hecho golpista” por lo que este miércoles decretó en alerta a las Fuerzas Armadas del país.
La oposición no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho, que algunos venezolanos han calificado en redes sociales como un montaje que da al gobierno un pretexto para declarar un “estado de excepción” y terminar así con las protestas que iniciaron en abril.
