IMPULSO/ Mario Patrón
¿Oportunidad histórica perdida?
Una vez que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenció la ausencia de una “verdad histórica” en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este jueves, los padres y las madres de los estudiantes tuvieron su esperado encuentro con el Presidente.
Los acuerdos que podían generarse eran fundamentales para alcanzar justicia y verdad en el caso. Tras el contundente informe del GIEI, los familiares de los normalistas habían demandado un compromiso público el jefe del Ejecutivo, con la reestructuración de la investigación y la continuidad del Grupo de Expertos Independientes. Para este fin, los padres y las madres propusieron puntos concretos al Presidente, entre éstos, el reconocimiento público de que en el caso no se ha arribado a la verdad histórica, la permanencia del GIEI por un plazo mayor a los seis meses ya anunciados y la aceptación plena de su informe, el replanteamiento de la investigación, alojándola en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, compuesta por dos instancias para indagar simultáneamente tanto la desaparición de los normalistas como la posible obstrucción de la justicia, el relanzamiento y la concentración de la búsqueda a partir del uso de tecnología hasta hoy no empleada y la atención digna e inmediata a los heridos y familiares de los privados de la vida.
Agravando la situación, la Presidencia de la República anunció la misma tarde de este jueves seis medidas unilaterales que no reflejan acuerdos emanados de la reunión, por ejemplo, se difundió que no será creada una instancia especializada para la investigación de los hechos de Iguala, sino una Fiscalía Especial para la Búsqueda de Desaparecidos, lo que no sólo tergiversa el planteamiento de los familiares de los normalistas, sino que incluso pone en entredicho la autenticidad del proceso de consulta entre el Gobierno federal, familiares de personas desaparecidas y organismos civiles para diseñar una ley general en materia de desapariciones. La creación de una fiscalía como la anunciada requeriría de una validación mucho más amplia e inclusiva, pues, como lo han dicho una y otra vez los familiares de los estudiantes normalistas, no son solamente 43, sino miles los desaparecidos buscados por sus seres queridos en la crisis que enfrentamos.
Los puntos presentados por las familias no fueron retomados y las familias concluyeron la reunión con la sensación de que sus demandas centrales no habían sido escuchadas.
Al no haber atendido la exigencia de reestructurar la investigación, respaldada en las recomendaciones del GIEI, el Presidente se ha colocado en una ruta opuesta al compromiso con la verdad. Cuando le entregaron su informe, los expertos del GIEI externaron al primer mandatario: “Hay verdades que incomodan, pero la verdad es transformadora”. En el caso Ayotzinapa, la disyuntiva que enfrenta el Gobierno federal es clara: permanecer en la comodidad de lo falso o transformar el estado de cosas imperante, poniendo al centro a la verdad y a las víctimas. En el fallido encuentro de este jueves, la elección del primer camino pareció tomada. Queda poco margen para rectificarlo.
Entre tanto, este sábado 26 de septiembre, conmemoraremos el primer aniversario de un hecho atroz que nunca debió de ocurrir. Frente a la respuesta gubernamental, más que nunca las familias de los 43 normalistas —y de todas y todos los desaparecidos del país— esperan y necesitan que la sociedad mexicana salga de nuevo a las calles para recordarle a quienes gobiernan que no hay democracia que aguante tantos desaparecidos; que en nuestro México adolorido las víctimas siguen anhelando verdad y justicia.
