IMPULSO/ Roberto Rock L.
El negocio de los desaparecidos
A la sombra de las cifras de muertes violentas en el país existe otro drama. Se trata de los desaparecidos, que solo dejan un rastro de madres, esposas e hijos que los buscan impulsados por una obsesión. Una tragedia humanitaria que sin embargo, parece estar atrayendo apetitos para hacer de ella un negocio de funcionarios públicos.
Se trata de un drama enterrado, literalmente, por la acción de bandas criminales que han tachonado la geografía del país con fosas clandestinas. Pero también, por la incompetencia de autoridades estatales, que ocultan datos, mienten a los deudos, fingen crear bases de datos con muestras de ADN.
Por si hiciera falta sumar indignación pública a este tema, informes aportados a este espacio revelan una nueva faceta inquietante. Se trata de gestiones de funcionarios de la actual administración federal, hasta ahora mantenidas bajo reserva, para adquirir sofisticadas aeronaves presuntamente capaces de detectar desde el aire áreas de inhumaciones ilegales. El costo de este equipo —drones equipados con alta tecnología— puede alcanzar 10 millones de dólares por unidad.
Las fuentes consultadas aseguraron que la referida gestión gubernamental se halla rodeada de opacidad, en la que proveedores internacionales habrían recibido exigencias de cubrir altas comisiones para obtener los contratos respectivos. Los señalamientos están dirigidos a colaboradores cercanos del comisionado del Sistema Nacional de Seguridad (SNS), Renato Sales Heredia, aunque podrían extenderse a funcionarios de otras dependencias ligadas al sector.
De acuerdo con testimonios obtenidos, en este asunto ya hay camino andado. Durante la crisis por la desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el otoño de 2014, el gobierno mexicano contrató este tipo de aeronaves, con un gasto no determinado. La experiencia resultó frustrante, pues tales equipos fueron inoperables para la orografía de la zona y habían sido aportadas por intermediarios, por lo que no se tuvo acceso siquiera al fabricante original ni existió la necesaria capacitación. Traducido al castellano, se trató de un fraude, acaso tolerado por una jugosa comisión.
Hacia finales del gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012), la Procuraduría General de la República dejó un reporte según el cual había registros de 22 mil desaparecidos en el país. La cifra fue develada en las primeras semanas de la actual administración, lo que causó estupor general y alegatos de que ese diagnóstico se basaba en mala metodología, pues no se distinguía entre una desaparición forzada y la de un marido adúltero que desaparece del hogar o una chica que huye con el novio.
Sin embargo, en mayo de 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos generó un reporte en el que ubicó la cifra en 42 mil desaparecidos, 20 mil arriba de lo aceptado dos años antes. El mismo informe alertó sobre la existencia de un caos en los sistemas de justicia estatales, falta de coordinación entre los niveles regionales y federal. Se consignó también que debido al desastre en las políticas de derechos humanos, el Estado mexicano ha sido objeto de diversas sentencias y recomendaciones por parte de instancias internacionales.
Apenas cuatro meses después de ese diagnóstico, llegó la noche de Iguala y la tragedia de los jóvenes normalistas, que sigue pesando sobre el país, dentro y fuera. Descubrimos entonces que un ingrediente de estas historias es la corrupción política. Y que la realidad puede ser admitida o no, pero lo que no tiene es remedio.
Este es el telón de fondo que debe considerarse al evaluar los deshilvanados esfuerzos gubernamentales para afrontar el ominoso tema de los desaparecidos. Y de ahí la atención que exige al asunto que hoy le comparto a usted: el riesgo de que quienes tienen la obligación de encontrar soluciones a esta tragedia decidan aprovecharla para hacer negocios sucios.
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: Renato Sales, un acreditado fiscal que ha concitado la simpatía de organizaciones defensoras de los derechos humanos, es titular de la CNS desde agosto de 2015.
