IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, al acreditar tortura, detención arbitraria y violencia sexual por parte de elementos de esa dependencia contra dos civiles.
Se trata del caso de una mujer y un hombre detenidos entre el 9 y 10 de mayo de 2013 que en lugar de haber sido puestos a disposición de forma inmediata, fueron retenidos por más de 11 horas en instalaciones de la Marina-Armada de México, donde fueron golpeados. De acuerdo con la recomendación 20/2017, el 9 de mayo de 2013 fue detenido el civil y llevado a instalaciones de la Semar donde fue golpeado y recibió descargas eléctricas.
“En entrevista con un visitador adjunto de la CNDH, señaló que al estar en las instalaciones navales fue desnudado y mientras era interrogado le daban descargas eléctricas en las costillas, los testículos y el labio inferior de la boca, así como que le dieron pisotones en la cabeza”, comentó el organismo.
Al siguiente día, elementos de la Marina detuvieron a la mujer que se encontraba en su casa; de acuerdo con su testimonio los marinos ingresaron a su domicilio y la comenzaron a golpear en la cabeza.
“Después fue trasladada a instalaciones de la Semar donde le bajaron los pantalones y la ropa interior para darle descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo como en los genitales, ombligo, entrepierna, pies, boca. Así como que fue golpeada con el puño en el estómago”, aseguró la CNDH.
Por lo anterior la CNDH logró acreditar que con el actuar de los elementos navales se transgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal y a la seguridad jurídica de ambos agraviados, por la detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual.
En la recomendación la CNDH pidió al secretario de Marina reparar el daño a los agraviados conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya atención médica y psicológica; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de la República, para que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad de los efectivos que participaron en los hechos.
Además de colaborar en el trámite de la queja que se promueva ante la instancia competente de esa Secretaría contra los elementos navales involucrados; impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos y actualizar un protocolo para que los servidores públicos de esa dependencia empleen en todos sus operativos cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio.
