IMPULSO/Samuel García
Corrupción en las tesorerías públicas
La investigación que abrió la autoridad antimonopolios del país en el sector financiero ha puesto nerviosos a muchos. Tanto en el sector privado como en el sector público.
Y tienen razón para estar nerviosos. Y no tanto porque la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) vaya a sancionar más allá de las atribuciones que le confiere su propia ley, sino porque una investigación amplia de esta naturaleza, que hurga entre miles de expedientes y de operaciones, también podría dejar al descubierto cloacas de corrupción que han estado allí por años y que han enriquecido a muchos ejecutivos y a empresarios del sector.
Una de estas cloacas de corrupción del sector financiero genera todos los días millonarias ganancias sin que nadie levante siquiera las cejas, sin que se les investigue, ni mucho menos se les sancione.
Allí están involucrados ejecutivos de casas de bolsa, de administradoras de fondos para el retiro (Afores), de aseguradoras y de tesorerías de organismos públicos. De hecho hay casas de bolsa que, prácticamente, viven de ello.
¿De qué se trata? De ‘sangrar’ a las finanzas de los organismos y empresas del Estado al darles rendimientos menores a los que deberían de obtener en los mercados financieros por sus inversiones.
Los ejecutivos, principalmente de casas de bolsa, son incentivados con comisiones estratosféricas -que pueden llegar al 50% de las ganancias- por cerrar millonarias operaciones de inversión de los recursos de las tesorerías de las empresas y de los organismos públicos. Y es que estas tesorerías fondean diariamente los millonarios recursos que reciben tanto de la Federación como las que obtienen por sus propias actividades.
Así que con estas elevadas comisiones que se les ofrecen desde las cúpulas directivas de las casas de bolsa, los ejecutivos están altamente incentivados para sobornar y repartir millones de pesos a sus potenciales clientes de las tesorerías del sector público.
El acuerdo que buscan es sencillo en lo conceptual, aunque sofisticado en la forma de operarlo para no dejar rastros: que el ejecutivo de la tesorería de la empresa u organismo público invierta los recursos a un rendimiento ligeramente menor al del mercado cuando se trata de inversiones en bonos. Con esas décimas menos de punto porcentual en rendimientos de bonos de largo plazo, es suficiente para generar varias decenas de millones de pesos en ganancias para el intermediario financiero y para los ejecutivos involucrados, así como millones en sobornos para el funcionario público en cuestión.
La propia naturaleza del mercado de bonos es suficiente cortina como para encubrir estas cloacas de corrupción que se conocen muy bien en los corrillos financieros con nombres y apellidos, pero que no se atreven a revelar.
Las docenas de acuerdos entre éstos corruptos –de uno y otro lado- para sangrar los rendimientos de las tesorerías públicas, se esconden detrás de los altibajos cotidianos de las tasas de rendimientos de los bonos, en la velocidad y número de las operaciones y en el fraccionamiento de los montos operados.
