IMPULSO/Lucía Lagunes
Asesinaron en Culiacán, Sinaloa, a plena luz del día al periodista Javier Valdez, cofundador del semanario Río Doce, periodista y escritor del desgarre social que provoca la violencia estructural en México y que daña especialmente a la infancia y adolescencia atrapadas en las mafias criminales.
Javier se convierte en el sexto periodista asesinado en tres meses, es decir, un periodista asesinado cada quince días, en un país que no está en guerra pero tampoco está en paz. En un país que enfrenta no sólo la mayor crisis de Derechos Humanos sino la peor herida para su democracia.
El sexto periodista asesinado en tres meses, 19 mujeres periodistas asesinadas y dos desaparecidas en 17 años. El homicidio más cercano: el de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea. Son 120 periodistas silenciados con la muerte, tras las investigaciones que realizaban. Todas y todos durante dos sexenios, uno de cuyos “gobiernos” aún no concluye.
¿Cuántos periodistas más tendrán que perder la democracia mexicana para que la sociedad salga del letargo y se dé cuenta de que el silencio de periodistas independientes la silencia también a ella y la sume en el somnífero ruido de la propaganda oficial u oficialista?
Pese a la barbarie, seguimos exigiendo justicia, interpelamos a las instituciones creadas para la procuración y administración de la justicia, instancias que pagamos la ciudadanía con nuestros impuestos, incluidos los salarios de quienes por omisión, ineficacia o colusión alimentan la impunidad.
Las y los periodistas nos negamos a perder la esperanza en la justicia, apelamos a las instituciones porque rechazamos la violencia, no usamos armas, ni desatamos guerras, estamos convencidas en nuestro derecho a investigar y en el derecho que la sociedad tiene de ser informada. Creemos en la libertad que nos da la democracia.
Ni un periodista más debe vivir bajo la amenaza de muerte por su trabajo. Ni una periodista más debe ser amenazada de ser violada, de ver a sus hijos asesinados o difamada por decir la verdad.
Apenas la semana pasada realizábamos el “Foro Mujeres Periodistas. La Fuerza de sus Voces”, como un llamado urgente para detener la misoginia que enfrentan las periodistas dentro y fuera de sus redacciones.
Nos negamos a la normalización de la intimidación, a vivir en riesgo, a la desprotección del Estado, a la falta de garantías para desarrollar nuestro trabajo. Todos los gobiernos son responsables de la vulneración en que vivimos las y los periodistas.
Aquí nadie se salva, no hay excusa ni justificación que valga. El Estado mexicano sabe que las y los periodistas estamos en riesgo y no ha desplegado una política a la altura de la emergencia. Por el contrario, las instituciones creadas para proteger a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos viven la fragilidad de no ser prioridad.
Y mientras el Estado mexicano mira hacia otro lado, funcionarios corruptos siguen engrosando la lista de los principales agresores de periodistas.
La impunidad y el fracaso de la protección sólo dejan al descubierto la responsabilidad del Estado mexicano por la violencia que viven periodistas en todo el país. Nos queremos vivas, seguras e informando.
