IMPULSO/César Astudillo
Probablemente, ningún proceso de designación sea tan complejo y genere tantas dudas, discusiones, expectativas y tergiversaciones como el de los consejeros electorales del INE. De los 10 órganos constitucionales autónomos, es el más observado, seguido, comentado e incluso impugnado.
La reciente designación de tres nuevos consejeros fue conducida por tercera ocasión por un grupo que se encargó de proponer a los que demostraron un perfil más idóneo. La relevancia de este filtro ha sido tal que el Comité Técnico de Evaluación se elevó a rango constitucional en 2014.
Su participación constata que hemos estado construyendo un patrimonio de reglas, parámetros, mecanismos y buenas prácticas probadas en las designaciones más recientes en el ámbito de la transparencia, el sistema anticorrupción y la materia electoral que, visto integralmente, constituye un referente cierto para cumplir con las exigencias de objetividad, imparcialidad y transparencia que demanda este tipo de ejercicios.
Relevante es destacar que los diputados integrantes de la Jucopo fueron altamente receptivos e hicieron suya la metodología construida por el Comité, ideada bajo tres etapas que ponderaron los conocimientos en la materia a través de un examen utilizado por vez primera, la trayectoria electoral y la perspectiva del aspirante, por medio de una evaluación curricular, del ensayo o las publicaciones, y su visión general del INE y la organización electoral mediante la interacción permitida por la entrevista.
El Comité acordó trabajar con el número de expediente asignado, a efecto de que la evaluación, en sus dos tramos iniciales, fuera totalmente ciega, en aras de la mayor objetividad.
Generó 80 reactivos para el examen, y dos horas antes de su realización, ante un notario público, sorteó las 40 preguntas finales. Por primera vez también, se establecieron criterios para evaluar los curriculums, algunos de los cuales superaban las 200 páginas, y se instituyó una cédula de evaluación con valores diferenciados para calificar cada criterio. Dos grupos de 2 y uno de 3 miembros revisaron los expedientes, y en caso de haber diferencias relevantes entre las calificaciones, se solicitó la intervención de un tercer evaluador, lo cual ocurrió en brevísimos casos.
Una vez con los resultados totales, en donde 40% correspondió al examen y el 60% restante a la evaluación curricular, se identificaron a los 45 aspirantes que hasta entonces tenían mejores notas. Enseguida se analizó si se satisfacían los criterios de inclusión de género, generacional, étnico, geográfico y profesional previstos en la metodología, advirtiendo que faltaban por cubrir únicamente dos, lo cual condujo a la incorporación de cuatro mujeres y dos aspirantes que se autoidentificaron como indígenas.
