IMPULSO/ Edidión Web
Ciudad de México
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) deberá hacer frente a su primer juicio oral como imputada en el marco de una investigación sobre el supuesto perjuicio económico del Estado por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su mandato.
El juez Claudio Bonadio investiga si mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central pactó vender dicha moneda a 10,65 pesos por unidad, un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que por aquel momento se encontraban en torno a los 14 pesos por unidad.
Según el magistrado, esta política habría ocasionado unas pérdidas a la entidad bancaria entre septiembre de 2015 y junio de 2016 de unos 54.900 millones de pesos (3.400 millones de dólares al cambio actual).
Por ese motivo, la exmandataria está acusada de un delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” junto al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, el exministro de Economía Axel Kicillof y otros doce exaltos cargos de su Gobierno.
Todos ellos están procesados por Bonadio desde mayo de 2016, cuando el juez solicitó además un embargo por valor de 15 millones de pesos a cada uno (949.000 dólares).
Tras conocerse la elevación a juicio, la expresidenta evitó reaccionar con un extenso documento en las redes sociales, como acostumbra a hacer en este tipo de casos, y se limitó a publicar un irónico emoticono en su cuenta en Twitter junto a una captura de pantalla de un titular de un medio que no identificó y que reza “La Auditoría aprobó las cuentas de la gestión de Cristina”.
Ella misma había manifestado hace unos meses su deseo de ir pronto a juicio para “dejar a la justicia en una posición ridícula y demostrar que es una persecución y que es inocente”, según dijo a Efe Gregorio Dalbón, a cargo de las causas civiles de Fernández.
En esa línea, el pasado febrero el fiscal federal Eduardo Taiano pidió a Bonadio que acelerara el cierre de la instrucción.
La causa se inició en octubre de 2015 por la denuncia formulada por los entonces legisladores opositores Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, que integra el hoy oficialista bloque Cambiemos, y Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado.
En abril de 2016, Fernández acudió a los tribunales y presentó un escrito en el que defendió que las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo “legítimamente” por las autoridades del Banco Central de acuerdo a “la normativa vigente”, y cargó contra el actual Gobierno y el Poder Judicial al definirse como una “expresidenta perseguida”.
La viuda del exjefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007) presentó además una recusación contra el juez al alegar “enemistad manifiesta” con el magistrado desde sus tiempos en la Presidencia, pero Bonadio lo rechazó y la Cámara Federal lo confirmó después.
La exjefa de Estado también se encuentra procesada en otra causa por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que está acusado el empresario Lázaro Báez, en prisión por lavado de dinero, y varios miembros del anterior Gobierno argentino.
Al mismo tiempo, otra de sus empresas, Hotesur, también dedicada al sector inmobiliario, es objeto de investigación -de la que en 2015 fue apartado el mismo Bonadio como juez de la causa- por presuntos retornos económicos a la exfamilia presidencial por parte de empresarios, que provendrían de fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario.
Además, está implicada en la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires, desde que el fallecido fiscal de dicha causa, Alberto Nisman, la denunciara por presunto encubrimiento de los terroristas iraníes responsables del ataque.
Aunque la demanda fue archivada en mayo de ese año, fue reabierta el pasado diciembre tras varias instancias judiciales, y ahora la Justicia trabaja por determinar los alcances de la acusación formulada por el fiscal. (Terra)
