IMPULSO/ E. F. Gallardo Sánchez
Mota
Cuando nadie, quizás, lo hubiera imaginado, el presidente Enrique Peña Nieto sugirió la necesidad de avanzar hacia la legalización del uso de la mariguana con fines médicos y científicos.
Aunque valiente, pues nadie se había atrevido a presentar una solicitud en ese sentido, que, de ser aprobada, podría abrir las puertas a la despenalización del uso de la mariguana con fines recreativos, no dio muchos detalles sobre el asunto, pero lo mencionó durante el inicio de una cumbre sobre las drogas celebrada en la sede de las Naciones Unidas. Habló sobre una reciente serie de foros para debatir el uso de la mariguana, llevados a cabo en su país.
“Como Presidente de México, dijo, en esta sesión especial, doy voz a quienes en los foros realizados en mi país expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo para autorizar el uso de la mariguana con fines médicos y científicos”, señaló Peña Nieto antes de ser aplaudido.
Peña Nieto pidió reconocer que el esquema prohibicionista no ha logrado inhibir el tráfico, producción y consumo de estas sustancias. “El narcotráfico sigue siendo una de las actividades más lucrativas del crimen organizado”, es un negocio que genera muerte y violencia, sobre todo en los países productores y de tránsito, indicó.
El mandatario llamó a atender el tema desde la perspectiva de los Derechos Humanos porque sólo así se obtendrán respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo, además de modificar el enfoque sancionador para ubicar a las personas, sus derechos y dignidad, y no a las sustancias y procesos judiciales, en el centro de los esfuerzos.
Seguramente recordando la guerra que inició Felipe Calderón contra los cárteles de la droga [sic.], admitió que México forma parte de las naciones que han pagado un alto precio en términos de tranquilidad, sufrimiento y pérdida de vidas por el fenómeno del narcotráfico.
“Conocemos las limitaciones del paradigma prohibicionista”, añadió el Ejecutivo federal, si bien en esta administración se ha buscado atender el fenómeno de las drogas de una forma más integral y con una estrategia que evite mayor violencia, “a pesar de los esfuerzos y resultados, no estamos totalmente libres de la amenaza criminal mientras siga creciendo una demanda internacional”.
Como era natural, Peña pidió que los países consumidores adquieran un mayor compromiso por reducir la demanda e incrementar la lucha contra el crimen organizado internacional porque la escala y poder corruptor de éste también está presente en y dentro de las fronteras de los países consumidores donde ocurre la venta final.
En la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS-2016), el Presidente mexicano propuso un decálogo para atender este fenómeno, el primer punto sería adoptar el principio de responsabilidad común compartida, pues el de las drogas es un asunto globalizado que incumbe a todas las naciones, ningún país puede por sí solo hacer frente a este flagelo y la divergencia entre las políticas públicas dificulta la cooperación y la obtención de resultados, por ello, se requieren acuerdos globales o hemisféricos.
Curiosamente, el Presidente había señalado que no asistiría a este Foro y que en su lugar estaría presente la canciller Claudia Ruiz Massieu, pero casi de última hora anunció que sí asistiría y, al parecer, valió la pena.
Llamó a reforzar el frente común ante el crimen organizado cerrando espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos para desmantelar a las bandas delincuenciales. Pidió mayor coordinación y colaboración entre las agencias especializadas del sistema de la ONU para abordar todos los aspectos del problema mundial de las drogas; también pidió alinear las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional con el programa de desarrollo sostenible 20-30 aprobado por las propias Naciones Unidas; llamó a atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas con acciones de prevención integral de la violencia, la exclusión y el debilitamiento del tejido social mediante alternativas de educación, laborales y recreativas que favorezcan la inclusión y la cohesión social. Sobre todo, planteó dar alternativas de reconversión de cultivos en aquellas áreas donde se siembran estupefacientes.
