IMPULSO/ Redacción
Toluca
Entre octubre del 2017 y enero del presente año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) recibió 251 quejas relacionadas con servidores públicos del sector educativo que atienden los municipios del Valle de Toluca, señaló Jorge Olvera García, titular de este organismo en la entidad mexiquense.
Destacó que estas quejas han llagado a través de la Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia Escolar, creada para atender la problemática que se suscita en centros educativos como es el bullying, ya que recalcó, es obligación de las autoridades de las instituciones educativas combatir la trasgresión de los derechos de los niños y niñas estudiantes, que puede ser ejercida de manera física, psicológica y sexual.
La propia Organización de las Naciones Unidas señala que existen 246 millones de personas en edad escolar que podrían ser víctimas de violencia y son las niñas las más afectadas por esa situación, comentó Olvera García, y ante ello la Codhem, se mantiene alerta para evitarlo y en años anteriores emitió las recomendaciones respectivas ante graves violaciones a sus derechos humanos.
El ombudsperson detalló que, del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2017, se recibieron 37 quejas; en 2018 sumaron 203 y, hasta el 28 de enero del año en curso, se iniciaron once expedientes; entre los municipios con mayor número de casos está Toluca, Almoloya de Juárez y San Mateo Atenco.
Olvera García destacó, entre los principales motivos de queja, la afectación a los derechos de una educación libre de violencia; a recibir una educación en igualdad de trato y condiciones; así como recibir educación de calidad.
Puntualizó que la Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia Escolar ofrece asesoría, orientación y canalización ante las instancias respectivas, asimismo realiza visitas, solicita informes a las autoridades educativas involucradas en algún caso de violencia escolar sobre la implementación del Protocolo de Actuación sobre Violencia Escolar; privilegia la mediación y conciliación para resolver los conflictos; solicita la implementación de medidas precautorias en caso de una grave violación a los derechos de los educandos; y da seguimiento a los casos recibidos, a fin de privilegiar el interés superior de la niñez.
