IMPULSO/María del Carmen Alanís
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Una de las propuestas más atractivas del virtual Presidente Electo fue involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de trascendencia nacional. Esto se convirtió en pieza fundamental de sus compromisos de campaña. El futuro Presidente propone claramente fortalecer el ejercicio de mecanismos de democracia directa. En diversas ocasiones, manifestó su deseo de consultar a la ciudadanía sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la reforma educativa y energética, uso lúdico de la marihuana o los derechos de la comunidad LGBTTI, entre otros temas (algunos razonables y otros controversiales).
Estas propuestas han dado pie a que analistas y expertos nos recuerden que el único mecanismo a nivel federal regulado en la ley vigente es la Consulta Popular, la cual prevé que la jornada consultiva sea el mismo día de la elección federal, es decir, no podría realizarse “legalmente” alguna consulta sino hasta el próximo 2021 (Artículo 35, fracción VIII, numeral 5 de la CPEUM).
El procedimiento previsto faculta tanto al Presidente, legisladores y ciudadanía a presentar un tema a consulta, después de ello se dará aviso a cualquiera de las Cámaras del Congreso y la Mesa Directiva correspondiente la enviará directamente a la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales. Declarada la constitucionalidad se emitirá la Convocatoria y se notificará al INE para los efectos conducentes (diseño legal).
En el pasado (2014) los partidos —vía sus bancadas en el Congreso— intentaron realizar consultas sobre tres temas que, al pasar a revisión de su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no superaron la prueba. Los temas eran: aumento al salario mínimo (PAN); disminución de legisladores de representación proporcional (PRI) y reforma energética (PRD).
Si realmente se desea hacer partícipes a las y los ciudadanos, el Gobierno electo deberá tomarse en serio la regulación de la Consulta Popular y, asimismo, deberá impulsar la reglamentación de otros mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.
Uno de los fines de estos mecanismos es que no sólo el Presidente y los legisladores presenten estas consultas, sino que las y los ciudadanos hagan uso de este derecho. Actualmente para que la ciudadanía proponga una Consulta Popular se necesitan poco menos de 2 millones de firmas (2% listado nominal); muy por encima del .26% de militantes requeridos a los partidos para conservar su registro o de las casi 900 mil firmas para obtener una candidatura independiente.
En los próximos seis años solicitaremos reglas claras para las consultas. Necesitamos saber cuándo se pueden implementar, como se tienen que hacer —no vía telefónica y con resultados públicos como en el PREP y cómputos de una elección—, porcentaje para que sea de carácter vinculante y el plazo para que se cumpla con lo mandatado. Y más cuando se trate de la “revocación de mandato”, tema en el que el próximo presidente se comprometió a consultar al pueblo su continuidad a la mitad de su gestión.
Esta sería una suerte de refrendo del gobierno. Si queremos que resulte, la agenda de la siguiente Legislatura debe tenerlo como prioridad. En ese sentido, se puede retomar la experiencia de las entidades federativas. 16 de ellas consideran a la consulta popular, más de 20 tienen previstos al plebiscito y al referéndum; y 8 cuentan con revocación de mandato (Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas).
Otro punto que fortalecería a los mecanismos de democracia directa es el acompañamiento de la observación nacional e internacional. Esto dotaría de mayor confianza, certeza y legitimidad a estos procesos. Además, serviría para retomar las buenas prácticas internacionales de otros sistemas electorales. El reto es mayúsculo y el tiempo escaso. Sea esta la ventana de oportunidad para perfeccionar nuestra democracia.
