IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Las escuelas particulares de la Ciudad de México y el Estado de México están pagando hasta 15 mil pesos para obtener el dictamen de seguridad estructural que les permita seguir operando después del sismo del 19 de septiembre, señaló la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Consuelo Mendoza.
En conferencia de prensa, señaló que ha habido información “confusa” puesto que las autoridades educativas no han dicho con claridad a los directores de las escuelas privadas cuál es el proceso para validar el dictamen privado y, posteriormente, obtener el Certificado de Seguridad Estructural que entrega la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Las escuelas particulares deben pagar entre 10 y 15 mil pesos para la realización del peritaje y reanudar actividades. Algunas han sido víctimas de supuestos peritos que cobran por sus servicios. En el Estado de México se ha remitido a los colegios a presentar sus peritajes ante las supervisiones escolares, y al hacerlo, éstas se dicen sorprendidas y sin autoridad para poder recibirlos”, comentó.
Hasta el momento se han recibido 40 reportes de escuelas que no pueden ser ocupadas por pérdida total, o que tienen daños superficiales o parciales pero que no pueden abrir porque no tienen el recurso para contratar el peritaje requerido por la dependencia federal.
Las escuelas particulares, además de hacer el peritaje, tienen que entregarlo en las instalaciones de la Autoridad Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, y, previamente validarlo ante las autoridades de Protección Civil.
“La división entre pública y particular está afectando a las familias y a los niños que no van a poder recuperar los días de clase. Creo que hay muchas otras instancias que tienen toda la autoridad que no tiene la SEP, como el Colegio de Ingenieros y Arquitectos o la Cámara de la Industria de la Construcción que pudieran apoyar de manera gratuita”, señala.
Consuelo Mendoza señaló que es necesario endurecer o incrementar los requisitos para que las escuelas privadas puedan obtener los Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de la autoridad educativa, y poner limitantes, por ejemplo, que las construcciones no deban tener más de dos pisos de alto.
“Que se reglamente con mayor eficacia y más trabas para garantizar que no se corran riesgos para alumnos y maestros. Que las construcciones no sean de más de dos pisos”, dijo.
